Una política urbanística basada en la construcción masiva de segundas residencias.
En los últimos 10 años, los municipios turísticos de la costa cantábrica han desarrollado una política urbanística basada en la construcción de segundas residencias. Los años de bonanza económica de inicios de este siglo permitieron a los consistorios gestionar grandes recursos económicos dado que aumentaron los ingresos procedentes de las tasas e impuestos relacionados con la construcción.
En el caso de Llanes, el nuevo PGOU –ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y pendiente de la resolución del Tribunal Supremo- permitió la construcción de 4.000 viviendas desde octubre de 2003, fecha de su aprobación definitiva.
Los ingresos por licencias de obras llegaron a triplicarse en tan sólo un año, por no hablar de los ingresos que generan 4.000 nuevas viviendas que pagan basura, IBI, agua, saneamiento, etc., pero que solamente son ocupadas durante el verano.
Así las cosas, un Ayuntamiento como Llanes pasó de aprobar presupuestos de unos 12 o 15 millones de euros a los 27 millones de euros de los últimos dos años previos a la crisis.
El elevado nivel de ingresos permitió al Ayuntamiento desarrollar grandes obras y permitirse lujos como privatizar instalaciones deportivas y pagar a la empresa concesionaria por gestionar equipamientos rentables –casos como la piscina y gimnasio municipal, con una inversión pública de más de 2,5 millones de euros-.
Pero la mala gestión (externalización de los servicios municipales de la limpieza viaria, recogida de basuras, agua, servicio informático e incluso gestión, asesoría urbanística y desarrollo del PGOU), el despilfarro –algunos funcionarios clave cobran nóminas de 6.000 euros y todos los concejales del PSOE (10) disfrutan de liberaciones-, las obras faraónicas y la ausencia de previsión hicieron que la dinámica de gastos fuera cada vez más inasumible hasta llegar al límite de tener que endeudarse periódicamente mediante operaciones a largo plazo y de operaciones de tesorería a un año.
Crisis económica: la deuda con los bancos para salir del paso.
Inicialmente, el endeudamiento bancario no fue un gran problema, debido al elevado nivel de ingresos que se obtenía mediante la aprobación de desarrollos urbanísticos y la revisión catastral del Impuesto de Bienes Inmuebles. Esto permitió salvar la situación mientras que el boom inmobiliario se mantuvo a un ritmo constante.
El problema empieza en el momento en que la crisis económica comienza a pasar factura: las segundas viviendas dejan de venderse, los desarrollos urbanísticos se paralizan y los ingresos del ayuntamiento caen en picado. Con los gastos previstos ocurre lo contrario: las obligaciones económicas se mantienen y el municipio entra en una situación económica delicada.
Así las cosas, si en 2007 se habían liquidado unos 16 millones de euros en los capítulos de ingresos corrientes, en 2008 el ayuntamiento se veía obligado a concertar tres operaciones crediticias –una a largo plazo, por 1,2 millones de euros, y dos operaciones de tesorería por un valor de 5 millones de euros- que elevaban el nivel de endeudamiento municipal en aproximadamente un 30% en tan sólo un año. Esto, unido a la deuda acumulada por las corporaciones anteriores sitúa la deuda en más de un 60% superando los 12 millones de euros.
Tal cantidad de deuda aún está lejos del máximo legal permitido, situado en el 110% de los ingresos corrientes pero si tenemos en cuenta que hay que añadir un remanente líquido de tesorería de carácter negativo de -4.826.000 euros del ejercicio 2007 –ultimo ejercicio liquidado- nos encontramos con un panorama absolutamente desolador, que da muestras del tremendo impacto que la crisis está teniendo en las arcas municipales de este tipo de ayuntamientos.
Las elecciones municipales de 2007 como punto de inflexión.
Las elecciones municipales de 2007 fueron planteadas por todas las fuerzas políticas como un referéndum sobre el urbanismo local en medio de anulaciones judiciales, denuncias por tráfico de influencias, etc. El resultado fue la sexta mayoría absoluta del PSOE local, que alcanzó su mejor resultado en número de votos en el municipio y vio como los ciudadanos respaldaban su política urbanística y su gestión municipal.
Todo el mundo sabía en Llanes que el modelo urbanístico era insostenible y que no era de recibo que se construyeran casi mil viviendas al año cuando el municipio tan sólo incrementaba su población por decenas de habitantes. Pero el pleno empleo, los beneficios que suponían para gran parte de la población las recalificaciones de las zonas agrícolas o de pastos, junto con la ausencia de alternativas hicieron que la población mirase para otro lado y se aferrase al clavo ardiendo del urbanismo desaforado.
Para ello, el PSOE local renunció en los últimos 20 años a generar un modelo de desarrollo sostenible al declinar la creación de tejido industrial y a través de la reconversión agraria, que fue incentivada en Llanes mediante la presión fiscal vía IBI y las citadas recalificaciones de suelo.
En un municipio que basa su actividad económica en el turismo de segundas residencias y en la construcción, los efectos de la crisis no sólo ponen en dificultades al gobierno local, sino también a los ciudadanos, puesto que mes a mes se incrementa el número de parados.
Los mismos que apoyaron con sus votos esta política suicida son quienes ahora pierden su empleo y quienes se encuentran ante la complicada situación de hacer frente a elevadas hipotecas que pesan sobre viviendas cuyo valor real –ahora se demuestra- es mucho menor del que pensaban cuando hicieron frente a su compra.
Deuda municipal y desempleo, ¿a costa de qué?
Evidentemente, no debe ser la izquierda la que ponga el grito en el cielo por la deuda de los municipios. La izquierda ha de reivindicar el endeudamiento siempre y cuando este se lleve a cabo bajo el paraguas del interés general y los fines sociales.
El problema, en este caso, es que el elevado endeudamiento que está comenzando a afrontar el municipio no está destinado a realizar gastos de tipo social, sino a tapar los agujeros de una mala gestión.
Y el precio no es sólo esta deuda. La mala gestión ha supuesto también, como decíamos antes, un elevado desempleo y un brutal impacto medioambiental y cultural.
A nivel medioambiental, las directrices regionales de protección de la costa y la propia Ley de Costas han sido incumplidas sistemáticamente mediante todo tipo de argucias legales – por ejemplo, recalificando núcleos rurales de menos de cien habitantes, convirtiéndolos en núcleos urbanos para poder construir bloques de viviendas dentro de la franja costera de 500 metros que establece la normativa regional en las zonas rurales-.
Se han dado casos de aldeas que han perdido gran parte de su población durante los últimos años, lo que no es óbice para que el gobierno local prevea en ellos crecimientos urbanísticos que duplicarán el número de viviendas. Además, se incluyen tipologías de construcción ajenas a la vivienda tradicional asturiana constatando la invasión de los tipos constructivos propios de las zonas urbanas.
En cuanto al choque cultural que este modelo está suponiendo podemos situarlo en la destrucción constante del modo de vida tradicional: la política urbanística local está acelerando el “desmantelamiento del mundo rural” en el municipio, contribuyendo a que las generaciones venideras sufran una encrucijada de valores ( cómo vivir en la zona rural de igual modo que si se tratase de una capital) y de intereses (“cargarse” sus pueblos para poder subsistir, vendiendo lo que quede de las propiedades familiares para que se siga construyendo y poder seguir disfrutando de ciertos privilegios o marcharse fuera). Y generó la doble exclusión de los excluidos, de aquellos y aquellas que nunca pudieron acceder a disfrutar de propiedades en las épocas de predominio de la actividad agroganadera y que tampoco pudieron sumarse a la cultura del dinero fácil procedente del urbanismo.
Mientras tanto, todos aquellos que pregonaban el falso desarrollo sostenible y que justificaban la destrucción de los espacios naturales porque generaban empleo; los mismos que enladrillaron la costa disfrazándola de “progreso”, son los que ahora recogen velas, cogen el dinero y corren hacia otros lugares donde poder seguir especulando con el suelo.
Al mismo tiempo, la deuda municipal crece, el empleo disminuye, la población envejece, los jóvenes comienzan a ver como alternativa la emigración y el medio ambiente difícilmente se recuperará del impacto del desarrollismo especulativo.
La Constitución de 1978 establece el derecho de la comunidad a participar de las plusvalías del suelo. La normativa regional vigente en materia de suelo establece la cesión del 10% del aprovechamiento medio por parte de los promotores a los ayuntamientos. En Llanes se han construido, como decíamos, 4000 viviendas en los últimos años. Un rápido cálculo mental nos permite llegar a la conclusión de que si el equipo de gobierno municipal gobernase para los ciudadanos podría resolver el problema de la vivienda en el municipio prácticamente sin invertir un euro, a través de las cesiones establecidas en la ley.
Sin embargo, desde la aprobación del PGOU en 2003 tan sólo han sido entregadas a los vecinos y vecinas 32 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler. Es decir, sólo el 0’75% de las nuevas viviendas son de promoción pública.
Aquí es donde se encuentra el verdadero drama: comprobar que tanto “progreso” a costa de los recursos naturales no ha servido de nada, ni siquiera para solucionar el problema de la vivienda de los que menos tienen. Eso si, una minoría ha hecho caja y se ha forrado a costa de los demás.
Borja Llorente. Portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda de Llanes
www.ciudadanosporlaizquierda.blogspot.com
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